No han podido parar a los estudiantes boricuas

Ni arrestos, ni golpeaduras, ni gases lacrimógenos, ni amenazas. Días de huelga general, mas de dos meses de protesta pacífica, sin armas. Nada ha podido detener la heroica resistencia de cientos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la única estatal de la isla caribeña, para que las autoridades docentes eliminen el alza de 800 dólares anuales impuestos para ingresar a esa casa de estudios.

La nueva cuota iniciada este curso es repudiada por miles de jóvenes que reconocen en la extrema medida del Rectorado la posibilidad de una cercana privatización de la UPR que es, al parecer, el propósito del gobernador colonial de ese Estado Libre Asociado de Estados Unidos, Luis Fortuño, un declarado político neoliberal.

Hasta el momento, mas de 10 mil jóvenes debieron renunciar a estudios superiores ante la imposibilidad la nueva tasa, mientras otros miles que se manifiestan desde el pasado año en el campus y recintos de la UPR consideran casi imposible la posibilidad de asumir ese gasto otro curso.

La brutalidad policíaca contra los estudiantes ha movido los cimientos de los ámbitos universitarios, no solo de ese Estado colonial, debido a la brutalidad represiva de los gendarmes que invadieron los lugares donde se concentran los manifestantes.

El pasado 24 la UPR amaneció paralizada de nuevo no solo por la huelga de los alumnos sino que también los profesores y miembros de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) adhirieron el paro debido a las agresiones de los uniformados, que atacan con sádica brutalidad a las muchachas en especial, a quienes ofenden con y golpean con macanas, arrastrándolas por las calles.

Cerca de 50 jóvenes han sido detenidos, mientras otras decenas resultaron heridos a causa de la represión policíaca.

Las órdenes dadas por el gobernador Fortuño están encaminadas, según observadores, a dar una lección a la población puertorriqueña aquejada por la crisis económica —una de sus medidas fue el despido de 30 mil empleados públicos — y evitar las posibles protestas que surjan de la unión de las fuerzas progresistas de la isla con los universitarios.

En estos momentos el desempleo en la Isla está en torno al 17% y según cifras oficiales, durante el 2010 las corporaciones estadounidenses extrajeron 35 mil millones de dólares de ganancias de sus negocios en ese Estado Libre Asociado.

Después de 31 años sin que los militares penetraran en la Universidad, el gobernador movilizó a fuerzas de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) o fuerzas de choque antidisturbios, la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) y la división especializada S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics, todos entrenados en Estados Unidos.

Las autoridades universitarias encabezadas por la Rectora del Recinto de Río Piedras, sede de las grandes protestas, Ana Guadalupe Quiñones, intentan detener con amenazas las protestas contra el mas alto aumento de matricula en mas de 100 años de historia del centro.

Quiñones prohibió el pasado día 24 "la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios del Recinto de Río Piedras por un período de 30 días contados a partir del 24 de febrero de 2011. (…). (…) "podrán ser celebrados en las áreas designadas e identificadas por la Policía Estatal en las avenidas: Juan Ponce de León, Gándara y Barbosa".

Sin embargo, la resolución de la Rectora, a las órdenes del Gobernador, no ha amilanado a la juventud boricua, que continúa su lucha ordenada y pacífica por sus derechos y este viernes último volvió a tomar las calles, sensibilizando a la opinión pública por su heroica actitud ante los planes neoliberales impuestos por las autoridades federales en la Casa Blanca.

Lo que pretende el Rectorado es que los alumnos paguen, con la nueva matricula, el supuesto déficit de la Universidad con el Gobierno de Fortuño, lo cual es improcedente al existir un Fondo de Estabilización estadual para cubrir tales diferencias en los organismos públicos.