Desde hace una década, por lo menos, el mundo político y la prensa escrita han venido cateteando con el mismo tema: la educación pública y su negativa diferencia con la educación que está en manos de particulares. La palanca utilizada para atacar a los establecimientos municipalizados, y especialmente a los profesores, era la prueba llamada SIMCE (Sistema de Medición de Calidad de la Educación), la cual siempre resultaba beneficiosa para la mayoría de los establecimientos particulares, en detrimento absoluto de las escuelas y liceos en manos municipales.
La sociedad civil, incentivada mediática y políticamente por un duopolio gobernante que procuraba (y aun procura) privilegiar los intereses económicos de empresarios, sin antecedentes serios ni información objetiva castigó con dureza a los profesionales de la educación culpándolos del fracaso de la misma. Algo de cierto había en aquella opinión, pero el mayor peso de la responsabilidad se encontraba en otro segmento: el político.
¿Cuántos programas y proyectos ideó el MINEDUC en los últimos 20 años para intentar mejorar los estándares de la educación pública? ¿Cuántos de ellos realmente tuvieron éxito significativo? ¿Cuánto dinero gastó el Estado en esas aventuras inefables? Finalmente, una vez que todas las lucubraciones y entelequias masturbatorias de diferentes ‘expertos’ en materias educacionales hubieron fracasado, a alguien en ese ministerio se le encendió la ampolleta y descubrió la pólvora.
La cuestión era de una simpleza aterradora: había que inyectarle dinero, directamente, a los establecimientos educacionales para que estos –conociendo dónde les apretaba el zapato- pudieran satisfacer necesidades ingentes y mejorar de manera ostensible sus propios niveles. Ello se hizo a través de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), la que además puso énfasis en que las escuelas y colegios diagnosticaran a los niños en el ámbito de la lectura.
Esta ley se hizo cargo de un hecho que, por fin, consensuó el tópico fundamental: educar a los más pobres requiere de mayores recursos y define un aumento del aporte para todos los niños y niñas definidos como vulnerables, con un 50% más del valor de subvención, así como también reconoce que las escuelas que atienden mayor número de niños vulnerables, necesitan a su vez, mayores recursos, y asigna por tanto un aporte extra por porcentaje de concentración de niños preferentes con que cuenten esas escuelas.
¿Dónde estaba la diferencia fundamental? En que ahora –a partir del año 2009- esas escuelas (reitero: directamente), por cierto controladas y supervisadas por los respectivos Departamentos de Educación Municipal (DAEM), determinan el uso de los dineros que les asigna a cada una de ellas la ley SEP. No más ‘bolsones sin fondo’ adonde iban a parar los billetes entregados por el Estado, mismos que cada municipio utilizaba a su amaño y rara vez en beneficio del destinatario real: la escuela.
Ahora es precisamente el establecimiento educacional el que determina cómo y en qué asunto ocupará el monto anual de dinero que le asigna papá fisco. Contra proyecto, obviamente. Controlado y supervisado, por supuesto. Pero es la escuela –y no la municipalidad- quien decide. ¡¡Y todo mejoró como por arte de magia!!
Se trataba pues -lo del mejoramiento de la calidad-, de una materia económica más que puramente técnica, puesto que en estricto rigor los cuerpos docentes y directivos que laboran en la mayoría de los establecimientos municipalizados –en especial los de la ruralidad- son los mismos de hace cuatro años. Entonces, el quid del problema no apuntaba únicamente a la calidad de los profesores, como tanto insistieron y campanearon el empresariado y la derecha dura (siempre prestos a dejar caer sus colmillos sobre cualquier cuestión que les signifique negocio pingüe), sino a la carencia de recursos financieros y tecnológicos que sumían a esas escuelas en el barrial más denso bajo la línea de pobreza, castigándolas –hasta hace pocos años- como si fuesen los ‘patitos feos’ de la administración municipal y fiscal.
A cualquier persona que tenga un interés mediano en estos asuntos, le quedará claro que el problema de la educación pública, primero y preferentemente, atraviesa por satisfacer una necesidad netamente económica, y no dice relación –en lo grueso y sustantivo- con ninguno de los epítetos que enarbolaban empresarios y políticos neoliberales fundamentalistas. El resultado del SIMCE dado a conocer en este mes de abril mostró un alza sorprendente y muy significativa en las escuelas municipalizadas, silenciando de golpe las críticas de los ‘particulares’ y de aquellos políticos dispuestos a privatizar incluso a sus progenitores. .
No obstante, algunos empresarios (o mejor dicho, empresaurios) de la educación no trepidan en cometer actos reñidos con la verdad y la moral, a objeto de mantener una matrícula de alumnos que les continúe redituando ganancias voluminosas. Para mayor claridad, un botón de muestra. En la comuna de Coltauco (Región del Libertador) el más alto puntaje SIMCE fue logrado por una escuela municipalizada (Escuela Capitán Ignacio Carrera Pinto, del sector El Almendro), superando no sólo a colegios e institutos particulares de la localidad sino, también, a muchos conspicuos colegios de la capital regional, Rancagua.
Sin embargo, en Coltauco, un establecimiento educacional particular comunicó a un grupo de sus apoderados que había obtenido el primer lugar del SIMCE comunal (en realidad había ocupado el 5º lugar), con una frescura de cutis que asombra, confiando en algo que por cierto sabemos forma parte de la realidad nacional: que los apoderados simplemente creen a pie juntillas lo que el colegio de sus hijos les informa. Un engaño brutal, lanzado irresponsable y cínicamente para cautelar beneficios económicos.
Termino estas líneas asegurando que en mi vasta experiencia como profesional, jamás he sabido de una escuela municipalizada ni liceo fiscal que haya entregado datos e informaciones falaces ni interesadas a sus apoderados…en cambio, algunos dueños de establecimientos particulares lo hacen sin ruborizarse, ya que para ellos –al igual que para nuestro actual Estado talibán neoliberal- el dinero, la búsqueda del mismo y de la ganancia, debería constituir la única aspiración, la exclusiva preocupación, de los habitantes de este país que cada día parece acercarse más a la realidad de Pelotillehue que a la del Chile republicano que todos queremos.
Arturo Alejandro Muñoz
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